viernes, 14 de diciembre de 2007

Carlos Salinas de Gortari



Carlos Salinas de Gortari (n. 3 de abril de 1948) fue el 70° Presidente de los Estados Unidos Mexicanos del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Economista mexicano, fue funcionario de la Secretaría de Programación y Presupuesto hasta ser su titular. Seria candidato del Partido Revolucionario Institucional en 1988. Fue electo el 6 de julio de 1988. Durante su sexenio se darian importantes cambios economicos, entre ellos la firma del Tratado de Libre Comercio de America del Norte, una privatización masiva de empresas estatales incluida la banca. La implementación del Programa Nacional de Solidariad de combate a la probreza, el restablecimiento de las relaciones Iglesia-Estado y diplomaticas con el vaticano.


Actualmente se encuentra retirado de la vida pública.


Educación y primeros años en la política


Nació en la Ciudad de México el 3 de abril de 1948, sus padres fueron Raúl Salinas Lozano, Senador a nivel federal y Secretario de Estado (Ministro), y Margarita de Gortari Carvajal, perteneciente a una familia de gran prestigio en el ambito cultural época. Obtuvo el título de licenciado en derecho 1970. Continuó sus estudios en la Universidad de Harvard, donde obtuvo la maestría en administración pública (1973), la maestría en economía política (1976) y el doctorado en economía política y gobierno (1978). Cabe destacar que todos sus estudios los terminó con mención honorífica.


De regreso en México, trabajó como catedrático en varias universidades y comenzó a escalar posiciones en el gobierno federal. En 1982, su antiguo profesor en la UNAM, Miguel de la Madrid, fue electo presidente de México y Salinas fue nombrado Secretario (Ministro) de Programación y Presupuesto.


Carlos Salinas fue designado candidato a la presidencia de la República del PRI el 4 de octubre de 1987.


Elecciones de 1988


Carlos Salinas ascendió a la presidencia en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México. La elección se llevó a cabo el 6 de julio de 1988, luego de una inestabilidad económica de más de 10 años la estructura del PRI se debilitó y por primera vez en la historia moderna de México se vio la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como una posibilidad real de asumir la presidencia de la republica.


La noche de la elección, los datos que liberaba la Comisión Federal Electoral por medio del secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz fueron interrumpidos. Al conocer de las interrupciones, el representante del PAN en ese órgano Diego Fernández de Cevallos declararía lo siguiente:


Se nos informa que en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores, que se cayó la computadora, afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callar.


A las 8 pm del mismo día, se presentaron en la sede de la Secretaría de Gobernación los candidatos Manuel Clouthier, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Rosario Ibarra denunciando la ilegalidad del proceso. En los días posteriores a la elección se realizaron diversas manifestaciones expresando el descontento por la manera en que se llevó a cabo la elección.


El resultado oficial fue 50 por ciento para Carlos Salinas, 31 por ciento para Cuauthémoc Cárdenas y 17 por ciento para Manuel J. Clouthier.


Las boletas de votación, que la oposición exigía que se hicieran públicas para aclarar las anomalías, fueron destruidas por decisión de la Cámara de Diputados.


Reducción de la deuda


En 1982 el pago anual por pago de intereses de la deuda externa era de 14,000 millones de dólares, entre 1983 y 1988 se destinó casi el 7% de PIB para su pago, el monto de lo destinado era casi el equivalente a lo destinado en salud y educación para todo el país, para inicio del sexenio de Salinas el monto de la deuda era del 45% del PIB. Lo cual hacia necesario una reducción de esta deuda para lograr un crecimiento económico. Después de casi 4 años de largas negociaciones con el FMI, politicos de EEUU, mandatarios de países como Francia, Alemania, Canadá, Japón, Gran Bretaña, otros países y con bancos comerciales en 1992 se llegó a un acuerdo y se logró una reducción de más de 7,000 millones de dólares, debido a este logro la deuda se disminuyó a 20,000 millones de dólares. Con esto se logró que la deuda total (externa e interna) pasara de 63% del PIB en 1988 a 22% en 1994 y los pagos de intereses pasaron de 17% del PIB a 9.8% en 1994.


"Primer Informe de Gobierno p. 45", en Cuenta de la Hacienda Pública Federal.- , .-


Liberalismo Social


El sexenio de Carlos Salinas marcó un claro parteaguas respecto de las gestiones priístas previas, especialmente las de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo en la medida que rompió con el discurso y la ideología del nacionalismo revolucionario que todavía con Miguel de la Madrid trató de presentarse como el soporte ideológico del priísmo.


Salinas, en cambio, adelantó una serie de tesis que él mismo englobó bajo la categoría de "liberalismo social" que buscaba recuperar lo mejor de las tradiciones ideológicas del liberalismo juarista del siglo XIX y de la Revolución Mexicana del siglo XX. En este sentido, Salinas pronunció una serie de discursos durante 1991 y 1992 que sirvieron de soporte para impulsar algunas de sus más ambiciosas reformas. En un sentido, la que puso punto final a la reforma agraria, concebida ya desde tiempos de Echeverría más como un instrumento de control social que como uno de efectiva solución de problemas en el agro mexicano. Formó parte de esa ofensiva ideológica también la iniciativa para reformar las relaciones del Estado con las iglesias, especialmente la católica, aunque en este punto es donde es posible observar mayores tensiones entre la recuperación del juarismo propuesta por Salinas y las políticas desarrolladas por su gobierno.


Similares argumentos se pueden encontrar también en la articulación del programa Solidaridad, en el ambicioso programa de privatizaciones y en el intento, ése sí malogrado, de privatizar la industria petrolera del país.


Salinas se inspiró para articular su propio concepto de "liberalismo social" en los trabajos de Jesús Reyes Heroles, Otto Granados Roldán (director de Comunicación Social durante los primeros años de su gestión)y José Francisco Ruiz Massieu (quien jugó un papel clave en la reforma de la relaciones Iglesia-Estado)


Privatizaciones


Hacía 1984, el gobierno federal era propietario u operaba poco más de 1,150 empresas de todo tipo, desde cadenas y productoras de cine y televisión, hoteles, inmobiliarias, mineras, ingenios azucareros, automotrices, siderúrgicas, pesqueras, transbordadores, e incluso el conocido centro nocturno El Patio de la ciudad de México, también fue el caso de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Petróleos Mexicanos o Comisión Federal de Electricidad.


La crisis de 1982 obligó al gobierno federal a nacionalizar la banca, con lo que la participación del Estado en la economía creció todavía más. En otros casos, sin embargo, el gobierno, lo mismo el federal que el del Distrito Federal y los de los estados, se convirtió en dueño de empresas como medida para evitar la quiebra de empresas privadas que se consideraba jugaban un papel importante para la economía del país o que simplemente empleaban a un número importante de personas.


Esta dinámica se vio favorecida por dos procesos. En un sentido, por la sobrevaluación del peso mexicano que ocurrió ya durante los últimos años del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y de manera más clara durante los primeros años del gobierno de Echeverría, quien expandió el control del Estado sobre la economía al hacerse cargo de Teléfonos de México. La sobrevaluación hacía que las mercancías mexicanas fueran más caras que las que se producían en otros países. No sólo eso, gracias a las políticas de industrialización seguidas desde el gobierno de Lázaro Cárdenas (con un alto componente de protección a la industria nacional), las empresas mexicanas habían perdido calidad y eficacia.


Esta dinámica estuvo a punto de romperse con la decisión de Echeverría de devaluar el peso justo antes de que terminara su gestión en 1976. Sin embargo, su sucesor, López Portillo decidió utilizar los recién descubiertos excedentes petroleros para mantener intocadas las políticas industriales y comerciales que había heredado de sus predecesores.


Todas estas empresas operaban con déficit por lo que se mantenían gracias a una inyección constante de fondos públicos obtenido por medio de deuda, excedente petrolero o, en los peores momentos del periodo 1970-1982, por medio de la emisión de billetes y monedas sin sustento. Ello hizo que para 1982, el déficit público primario fuera de más del diez por ciento del Producto Interno Bruto. Cerca de un 70 por ciento de este déficit provenía del sector paraestatal.


Con los ingresos de las privatizaciones se obtuvo casi el equivalente a 23,000 millones de dólares, los cuales fueron utilizados para amortizar la deuda pública interna. Con estos recursos se logró una disminución de la deuda interna, en 1988 era del 19% y para 1994 fue del 6%[] . Dando como resultado una disminución de los pagos de intereses y logrando un crecimiento en el gasto social.


Privatización de Telmex


En 1989, Telmex era una empresa con varias décadas funcionando y con solo 16 años de pertenecer al sector público, el servicio prestado por la empresa era motivo de frecuentes disputas como se puede observar en la cantidad de demandas que la empresa enfrentaba en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, así como por los tiempos de espera, en ocasiones de más de 10 meses, para conseguir una línea. En los primeros años de la administración Salinas de cada 10 hogares 8 no tenían teléfono y había hasta un millón de solicitudes pendientes. La gestión pública de Teléfonos de México, además, estaba plagada de dudas y sospechas acerca de la transparencia en el manejo de los recursos


La venta fue hecha a través de una subasta publica. A pesar de que varios grupos extranjeros ofrecieron cantidades mayores para la compra de Telmex, uno de los requerimientos determinantes era que la propiedad mayoritaria quedara en manos mexicanas,es por eso que de los grupos con control accionario mexicano, la mayor fue la que encabezaba el Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, por lo que éste fue declarado ganador.


Con motivo de esta privatización se inició la modernización de la telefonía en México. En los siguientes años el número de poblaciones rurales atendidas pasó de 6 mil 350 a 21 mil 263; los teléfonos públicos llegaron a más de 200,000 en todo y se inició la instalación de una red de fibra óptica que ahora cubre las ciudades más importantes del país.


Privatización de la banca


La privatización de la banca se llevó a cabo mediante una reforma constitucional a los artículos 28 y 123 que fueron aprobados el 12 de mayo de 1990 en la cámara de diputados y el 21 de mayo en la Cámara de Senadores. Guillermo Ortiz subsecretario de Hacienda con Salinas, fue uno de los responsables de este proceso.


La privatización ya había iniciado durante la administración de Miguel de la Madrid cuando el gobierno vendió los primeros, paquetes accionarios que permitieron que hasta un 33 por ciento del capital social de cualquier banco fuera capital privado. Como en el caso de Teléfonos de México, la privatización ocurrió por medio de subastas públicas. Los postores fueron evaluados por un comité en el que participaron, entre otros, el actual gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz. La transparencia y éxito con la cual fue privatizada la banca fue reconocida por diversos documentos del Banco Mundial.


En este proceso 18 instituciones financieras fueron vendidas, lo que permitió que el gobierno federal recaudara 13,000 millones de dólares, los cuales fueron destinados al pago de la deuda interna.



  • SHCP: "Fondo de Contingencias, fuentes y aplicaciones", en Informe sobre la situación Económica, las finanzas Públicas y de la Deuda Pública. Acciones y Resultados del Cuarto Trimestre de 1994. p. 43.- , 1995.-

Con este proceso se logró la descentralización y democratización del capital por que se promovió una mayor competencia ya que en 1994 se autorizó la entrada de bancos extranjeros.


Tratado de Libre Comercio


Carlos Salinas (Izquierda), George H. W. Bush y Brian Mulroney durante la ceremonia inicial del TLC


A finales de los ochenta, el mundo atestiguó cambios como la caída del Muro de Berlín, el fin de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el fin de la dictadura de Augusto Pinochet y la invasión de Estados Unidos a Panamá. Fue también un momento en el que los procesos de globalización de los mercados se intensificaron. No sólo eso, Estados Unidos había concluido con éxito años antes un acuerdo comercial con Canadá que eliminó los aranceles y tarifas entre ambos países. Europa, por su parte, avanzaba a grandes pasos en la consolidación de lo que originalmente fue una zona de libre comercio hasta dar forma a la actual Unión Europea.


La administración Salinas estimó que México debía redefinir los términos de sus relaciones con sus principales socios comerciales y redefinir las hipótesis que habían servido desde la década de los treinta, como soporte para el desarrollo de la economía mexicana, fue así que Salinas inició, primero informalmente, consultas con empresarios de México, Estados Unidos y Canadá para lograr la integración de México al acuerdo comercial originalmente pactado por estos últimos.


Las negociaciones formales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte iniciaron en 1990 y continuaron durante los próximos tres años. No sólo eso, sobrevivieron a la derrota del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de noviembre de 1992, en las que triunfó el demócrata Bill Clinton. Fue así como el 1 de enero de 1994, al mismo tiempo que el mundo conocía de la avanzada político-militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, el TLCAN entró en vigor creando la que hasta ese entonces era la más grande zona de libre comercio en el mundo.


Reforma agraria


El artículo 27 de la Constitución vigente en 1988, establecía la obligación del gobierno de dar tierra a todo el que la solicitara. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la población en las zonas rurales era mucho mayor del que se había registrado en toda la historia previa de México, gracias a una serie de avances en medicina básica. En segundo lugar, la calidad de las tierras en México es desigual, pues buena parte del territorio nacional no cuenta con irrigicación suficiente para mantener una agricultura comercial. Finalmente, los sectores industrial y de servicios no estaban en condiciones de absorber los excedentes de mano de obra que el crecimiento de la población rural generaba.


Hacia finales de los sesenta era claro que la capacidad del gobierno federal para dotar de tierras a quienes las demandaran era limitada y que, además, al hacerlo se había facilitado la constitución de poderosos grupos políticos que traficaban con la necesidad de tierras. El gobierno de Luis Echeverría, sin embargo, optó por mantener la ilusión de la Reforma Agraria elevando al antiguo Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización al rango de secretaría de Estado, al tiempo que decidía intervenir las propiedades de algunas de las más exitosas agroindustrias del país con la promesa de distribuir esas tierras.


Ante esta realidad, Carlos Salinas de Gortari señaló que era necesario terminar con el reparto masivo de tierras. En el primer informe de Gobierno en 1989 Carlos Salinas dijo: El reparto masivo de tierras ha concluido. Quien afirme que todavía existen millones de herctáreas por repartir está mintiendo, declaración que inició un ambicioso programa de reformas constitucionales y legales, que culminaron cuando el 1 de noviembre de 1991, Salinas anunciaba durante su tercer informe de gobierno la decisión de impulsar una profunda reforma a la Constitución y a las leyes en materia agraria. Luego de intensos debates que cimbraron la estructura del PRI, la reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados el 7 de diciembre de 1991 y por el Senado el 12 de diciembre del mismo año.


La reforma fue publicada el 6 de enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el día siguiente.


Relación Iglesia-Estado


Parte del legado de la administración Salinas lo constituye la amplia reforma de la relación Estado-Iglesia promovida por él. La reforma fue consecuencia de una serie de cambios culturales y políticos que hicieron inaplicable la letra y/o el espíritu de la legislación vigente en México hasta 1992 en materia de relaciones Estado-Iglesia.


Las visitas del Papa Juan Pablo II hicieron evidente la incapacidad del Estado para aplicar la legislación. Además, en distintos estados de la República, la Iglesia se convirtió en un importante promotor de severas críticas al carácter autoritario del régimen político vigente en México.


Durante la década de los ochenta, la Iglesia, especialmente líderes de la Conferencia del Episcopado Mexicano como Ernesto Corripio Ahumada, lanzaron una serie de retos a la legislación vigente en el país que alcanzaron un punto álgido cuando en 1986, en el contexto de la elección en el estado de Chihuahua, los obispos de ese estado amenazaron con organizar, como durante la Guerra Cristera, una huelga de cultos.


La huelga fue impedida por la intervención del entonces delegado apostólico Girolamo Prigione, pero evidenció--por una parte--la incapacidad del Estado para subordinar a la Iglesia y, por la otra, los severos problemas de legitimidad que el régimen enfrentaba.


Salinas advirtió la dimensión del reto planteado por la Iglesia y fue así que inició una política de acercamiento que incluyó, primero, como candidato presidencial, una serie de visitas a los obispos mexicanos en sus lugares de origen. Después de la elección, la Iglesia ofreció a Salinas un gesto simbólico cuando tres prelados (Ernesto Corripio Ahumada, Genaro Alamilla Arteaga y Girolamo Prigione) acudieron a la toma de posesión de Salinas el 1 de diciembre de 1988. A partir de ahí se iniciaron una serie de acercamientos y negociaciones que culminaron en 1992.


Fue en ese año que el Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reformas a los artículos 3, 5, 27, 28 y 130 de la Constitución. Las reformas, apoyadas por una abrumadora mayoría de diputados y senadores del Congreso electos por los tres principales partidos políticos de México (Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática) modificaron de manera radical los términos de la relación con las iglesias, especialmente con la católica. El siguiente paso ocurrió cuando se reanudaron, luego de más de un siglo de estar interrumpidas, las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede para dar paso, finalmente, a la promulgación de nuevas leyes reglamentarias de las relaciones Estado-iglesias.


Carlos Salinas fue, en este sentido, el primer presidente mexicano en recibir al Santo Padre Juan Pablo II en su condición de Jefe del Estado Vaticano, durante la tercera visita a México del pontífice en el estado de Yucatán, el 11 y 12 de agosto de 1993, siento testigos Mons. Manuel Castro Ruiz, Arzobispo de Yucatán y Dulce María Sauri Riancho, Gobernadora del Estado de Yucatán.


La nueva legislación otorga personalidad jurídica a las iglesias y devolvió parcialmente los derechos políticos a los así llamados "ministros de culto", que ahora pueden votar. Sin embargo, la legislación mexicana aún desconoce el derecho de los "ministros de culto" a ser votados, además de que impone mecanismos muy restrictivos para el ingreso de personal religioso extranjero a México. La personalidad jurídica de las iglesias está limitada también en lo que hace a su capacidad para ser propietarias de bienes inmuebles y especialmente para ser propietarias u operar medios de comunicación electrónicos.


Salinas ha expresado en fechas recientes su insatisfacción con los resultados de la reforma, aunque nunca ofrece detalles del porqué de su insatisfacción por lo que observadores de la política mexicana estiman que se trata de una manera de admitir errores y evitar aparecer como intransigente ante la opinión pública del país que le reclama la insensibilidad con la que desarrolló algunas de sus políticas y, sobre todo, el descuido que él mismo admite tuvo al permitir que su hermano Raúl violara flagrantemente las leyes del país.